En el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas en la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en sus territorios, presentaron un juicio de amparo indirecto el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente).
Así lo señalaron en un comunicado reciente los y las integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, quienes denuncian: “la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto” apuntaron.
En ese recurso legal las comunidades también solicitaron la suspensión de actividades del gasoducto, que no se activa la distribución de gas por el ducto, hasta que se garantice el principio precautorio en materia ambiental y se compruebe científicamente que no habrá daños a los ecosistemas, a las fuentes de alimentación y a especies bajo protección especial. 
Sin embargo, el pasado 28 de junio el Juzgado de Distrito desechó el juicio de amparo, sin entrar al fondo de los argumentos planteados por las comunidades, quienes señalaron que esta decisión vulnera su derecho de acceso a la justicia ambiental y desconoce sus formas de organización y toma de decisiones basadas en asambleas comunitarias.
Ante ello, el 7 de julio las comunidades interpusieron un nuevo recurso de queja para que un Tribunal Colegiado revise la resolución del Juzgado y, en su caso, ordene la admisión del amparo.
El movimiento regional indígena denunció que se instaló el gasoducto “La Puerta del Sureste” en el fondo del mar en el año 2024, sin que se les haya informado o consultado a las comunidades ribereñas que viven en buena parte de las actividades marítimas como pescadores, como personas dedicadas al turismo o como consumidores de los productos del mar. Además TC Energy, la empresa responsable ha sido denunciada por la nación indígena Wet’ Suweten en Candada, por la destrucción ambiental y el desalojo violento de los nativos de su territorio ancestral en su intento de imponer otro gasoducto.
Las comunidades de la costa veracruzana consideran que el gas servirá para alimentar de energía a los parques industriales del Corredor Interoceánico, que generarán para los pueblos mayor contaminación, inseguridad, enfermedad y escasez de agua y para las grandes empresas trasnacionales millonarias ganancias.
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