Oaxaca acumula más de dos mil víctimas de tortura, siendo el cuarto estado del país con más víctimas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo a pesar de que hace casi 10 años que el Gobierno Mexicano aprobó la Ley contra la Tortura, en Oaxaca dicha ley sigue sin ser implementada, evidenciando omisión por parte de las autoridades estatales y sus instituciones.
Ante este contexto, diversas organizaciones de derechos humanos en Oaxaca como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Codigo DH), el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C., Servicios para una Educación Alternativa AC (EDUCA), Luna del Sur A.C., Tequio Jurídico, entre otras, manifestaron su preocupación ante la persistencia de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en México y particularmente en el estado de Oaxaca, así como por las deficiencias institucionales que continúan obstaculizando su prevención, investigación, sanción y reparación integral.
Tras la realización del Foro: Avances y Pendientes en la implementación de la Ley contra la Tortura en México, convocado por CODIGO-DH y World Justicie Project, exigieron a las autoridades e instituciones a garantizar la implementación efectiva, evaluación y seguimiento del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, a partir de la actualización del diagnóstico publicado en febrero de 2025.
“El reconocimiento jurídico de la prohibición de estas prácticas no se ha traducido en garantías suficientes para proteger la integridad de las personas, especialmente de los abusos de autoridad cuando se encuentran detenidas o bajo custodia de las instituciones de procuración de justicia y seguridad”, dijeron en un comunicado conjunto.
Y es que, entre 2018 y el 30 de junio de 2026, Oaxaca documentó 2 mil 892 víctimas distribuidas en 2 mil 111 expedientes, precisó el Alto Comisionado de la ONU en México al resaltar que las estadísticas corresponden a cifras oficiales del Registro Nacional de Víctimas de ese delito.
Las organizaciones también pidieron reconocer y atender el racismo, la discriminación y la desigualdad como factores que incrementan los riesgos de determinadas poblaciones a sufrir estas violencias “La persistencia de la tortura exige reconocer no solamente las deficiencias de las instituciones encargadas de prevenirla y sancionarla, sino también las condiciones de desigualdad y discriminación que incrementan la exposición de determinadas poblaciones a estas violencias. En el caso de las personas integrantes de comunidades y Pueblos Indígenas, el racismo estructural, las barreras lingüísticas y el desconocimiento de sus derechos pueden profundizar las condiciones de indefensión frente a las instituciones de seguridad y justicia”.
Asimismo, exigieron fortalecer el Registro Nacional del Delito de Tortura mediante información pública, actualizada y desagregada que permita identificar a las diferentes poblaciones, respetando su autoadscripción y la protección de sus datos personales. Además de integrar la perspectiva intercultural, de género e interseccional, y en la dictaminación médico-psicológica conforme al Protocolo de Estambul ya que sigue enfrentando retos ante la falta de personal calificado para su aplicación.
A los congresos de las entidades federativas, y en particular al Congreso del Estado de Oaxaca, solicitaron de manera urgente la asignación de recursos suficientes y sostenidos para garantizar la operación efectiva de las fiscalías especializadas en la investigación de tortura “La falta de presupuesto no puede seguir siendo una justificación para incumplir las obligaciones de investigar la tortura y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia”, recalcaron.
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