Frente a la sede de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, familiares y víctimas de tortura, feminicidio, desaparición y secuestro por parte del Ejército mexicano protestaron para exigir justicia en sus casos y denunciar esta grave situación. A través de una protesta de desangramiento las víctimas que llevan más de dos años y medio protestando ante distintas dependencias gubernamentales, suman más de diez casos de violaciones a sus derechos por parte de este órgano de “seguridad”, sin embargo a través de un comunicado denunciaron que han sido violentadas, reprimidas, re victimizadas incluso golpeadas por parte del gobierno”, en su lucha de exigencia por justicia.
Las victimas denunciaron que el pasado 2 de junio el gobierno de la Ciudad de México “mandó un grupo de policías para “limpiar” el Zócalo previo al concierto masivo que se realizaría al día siguiente, la policía de Sheinbaum robó la camioneta en la que se trasladaban, lonas, todas las herramientas de protesta, sillas, plantas de luz, equipo de sonido, existen videos donde claramente se ve a la policía robando todo lo mencionado”.
Durante su acción y en su comunicado pidieron a la sociedad y a los medios a difundir las graves violaciones a los Derechos Humanos de víctimas del Estado, “donde también ha sido cómplice y parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene presentadas distintas denuncias contra Laura Kabata, Óscar Kabata y Flora Marcelo, quien recientemente fue citada a declarar en el reclusorio norte por “pintar una pared” del edificio de la CNDH, acto realizado como protesta, y por el cual la Comisión a cargo de Rosario Piedra, levantó un acta en su contra, haciendo evidente que su tarea es criminalizar a las víctimas lejos de defender sus derechos”, puntualizaron.
Cabe resaltar que en marzo pasado, la organización de Artículo 19 presentó el informe “Voces contra la indiferencia” donde destacó que a través de las investigaciones de distintos medios de información y organizaciones que trabajan en derechos humanos, se descubrió que el ejército mexicano espía periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, pues se les considera enemigos potenciales del gobierno.
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