Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinara que México vulneró los derechos a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años, y ordenara al Estado realizar una investigación con debida diligencia, atención a los familiares y acciones de reparación integral, incluyendo un enfoque interseccional.
Este jueves 26 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena monolingüe, quien el 25 de febrero de 2007 fue víctima de violación sexual y tortura por parte de militares en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, y falleció al día siguiente sin recibir atención médica adecuada.
De acuerdo con el comunicado de la FGR, la medida se toma en cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia de septiembre de 2025, “a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia”.
La FGR detalló que el caso estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia que deberá llevar a cabo las diligencias necesarias conforme a lo establecido en la resolución.
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, cuando Ernestina Ascencio fue agredida por integrantes del Ejército mexicano, durante una etapa de militarización en la región iniciada a finales de 2006 por operativos contra el narcotráfico del 63 Batallón de Infantería. Tras el ataque, la víctima fue encontrada por una hija tirada en el campo con signos de violencia física y sexual.
Sus familiares intentaron trasladarla a varios centros de salud durante más de diez horas, pero en muchos fue rechazada o no recibía atención adecuada. Finalmente ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007, sin recibir intervención quirúrgica. La ausencia de intérpretes de náhuatl en los hospitales impidió una comunicación adecuada entre la víctima, sus familiares y el personal médico.
En diciembre de 2025, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad durante la audiencia en la que le fue notificada la sentencia. En su conferencia matutina del 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno cumplirá con las acciones ordenadas por la Corte.
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