A casi 12 años después del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la empresa Grupo México y considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería en el país, el gobierno de Sonora anunció que durante este mes iniciará la construcción del Hospital IMSS-Bienestar del municipio de Ures, una de las principales demandas de las comunidades afectadas desde 2014 y una promesa incumplida durante más de una década.
El derrame tóxico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México y encabezada por el empresario Germán Larrea, dejó un saldo aproximado de 22,000 habitantes afectados de ocho municipios clave (Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo). Además, miles de personas más sufrieron las consecuencias directas e indirectas en su salud, actividades agrícolas y ganaderas a lo largo de la cuenca.
Tras el derrame han denunciado que sufren padecimientos dermatológicos, gastrointestinales y renales, además de la persistente incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo de la exposición a metales pesados. Organizaciones de la sociedad civil y los Comités de Cuenca del Río Sonora han sostenido durante casi 12 años que la reparación integral del daño quedó inconclusa, y que muchas de las obras y acciones prometidas nunca se concretaron.
A penas el pasado mes de mayo, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) recibieron el Premio de Derechos Humanos Gwynne Skinner 2026, otorgado por la International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), en reconocimiento a más de una década de lucha comunitaria por justicia, reparación y rendición de cuentas empresarial frente al derrame tóxico provocado por la mina Buenavista del Cobre. El Comité de Selección destacó que la persistencia de los CCRS logró que, en diciembre de 2025, los gobiernos federal y estatal asumieran compromisos históricos para atender los impactos en salud, acceso al agua potable, daños económicos y afectaciones ambientales derivados del desastre.
Por otra parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el 13 de julio de este año se definirá el proceso de licitación para comenzar formalmente la obra del hospital, y señaló “este problema data de 2014, y desde entonces se comprometió el hospital; ahí nos dejaron un par de cuartos arrumbados. Ahora vamos a construir un hospital similar, con algunas particularidades, por la especialidad que requiere el río Sonora”.
Como parte del Plan de Justicia para el Río Sonora, la obra contará con una inversión inicial de 500 millones de pesos para buscar fortalecer la atención médica para los habitantes de la región afectada. Entre los compromisos incumplidos estaba la edificación de una clínica de especialidades que atendiera las afectaciones derivadas del desastre ambiental.
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