A casi doce años de que la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramara 40 mil metros cúbicos de tóxicos acidulados de cobre y metales pesados en las aguas que sustentan a la región, las comunidades afectadas alertan sobre una maniobra legal y política para dar un carpetazo definitivo al Fideicomiso Río Sonora, mecanismo financiero creado para la reparación de los daños.
Micaela Vera, abogada e integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, advierte de que el juez Ulises Oswaldo Rivera González está por resolver en los próximos días si da por cumplido y concluido el fideicomiso. De aprobarse, afirma Vera, se consumaría una burla a los doce años de lucha de las comunidades y se legalizaría un cierre definitivo a espaldas de la población.
Un convenio fantasma. La indignación de los comités comunitarios radica en la opacidad con la que las autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han manejado las negociaciones con el gigante minero Grupo México.
Aunque en mesas de diálogo funcionarios como Mariana Boy (titular de la Profepa) prometieron transparencia y la publicación de un convenio con Grupo México en páginas oficiales, la realidad legal cuenta otra historia. De acuerdo con Micaela Vera, al solicitar el documento por vías institucionales, la Unidad General de Asuntos Jurídicos respondió formalmente que el convenio no existe.
“Por una parte nos dicen que existe y, por la otra, oficialmente, nos dicen que no. Nos mienten; todo eso genera la desconfianza que ya de por sí teníamos”, señala la abogada.
La incongruencia también es numérica. En 2023, la propia Semarnat interpuso una demanda contra Grupo México donde estimó los daños ambientales y sociales de la cuenca en 20,200 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades pretenden dar por cerrado el conflicto argumentando que la empresa depositó 500 millones de pesos como parte de un fondo total de apenas 1500 millones.
El desastre ambiental no terminó en agosto de 2014; la crisis sanitaria es crónica y activa. Micaela Vera señala que estudios oficiales emitidos por Semarnat confirman que la contaminación persiste y que los sedimentos del río siguen registrando niveles de metales pesados por encima de la norma. Los comités denuncian un incremento alarmante en casos de enfermedades renales crónicas, leucemia y diversos tipos de cáncer, además de casos de niños que han desarrollado síntomas asociados al alzhéimer tras la exposición temprana a los tóxicos.
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