Luego de que diversas organizaciones de la sociedad civil acusaron que un proyecto de sentencia elaborado por la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa representaba un “grave riesgo” para la defensa de los derechos colectivos y ambientales en México, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó fijar el criterio general propuesto, que atentaba contra la figura de “interés legítimo”.
El pleno de la Corte resolvió, por mayoría de siete votos, que no existió la contradicción de criterios dentro del expediente 217/2021, razón por la cual no se impuso el criterio general que proponía la ministra Esquivel Mossa para establecer que el objeto social de una asociación civil por sí misma no era suficiente para demostrar una “afectación real, cualificada y diferenciada del resto de la población”.
Las únicas ministras que votaron a favor de fijar este criterio general fueron Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra, por lo que no alcanzaron la mayoría necesaria.
Desde el mes de octubre, diversas organizaciones de la sociedad civil acusaron que la propuesta de la ministra Esquivel Mossa representaba un “grave riesgo para la defensa de los derechos colectivos en México, especialmente en materia ambiental”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Prodh, fue una de las primeras organizaciones en posicionarse en contra del proyecto, al señalar que reducía “el alcance del interés legítimo, incluso previo a aprobarse la reforma (a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados)”.
De acuerdo con la organización, lo anterior era así debido a que, aunque dicho proyecto se centraba en casos relacionados con el derecho al medioambiente sano, su aprobación podría limitar la defensa de todos los derechos colectivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para que organizaciones ambientales no puedan acreditar interés legítimo solo con su objeto social.
La organización internacional Artículo 19 México y Centroamérica también criticó el proyecto al considerar que, de aprobarse, se ponía en peligro a la justicia ambiental y los derechos humanos.
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