Organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec repudiaron “enérgicamente” la sentencia dictada en contra de David Hernández Salazar, en la que “pretenden privarlo de su libertad con 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,000,001,500.00”.
En el juicio, las autoridades “ignoraron y desecharon por completo la información arrojada durante los días de debate que demuestra la inocencia de David”. Hernández Salazar es representante de la comunidad binnizá de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, que se opone a la instalación de un Polo de Desarrollo industrial del Corredor Interoceánico en el cerro El Pitayal.
La asamblea comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) calificaron esta sentencia como “injusta y absurda” y un “claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.
Afirman que esta condena no es absolutoria y “no se ejecuta de manera inmediata, tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022)” por lo que continuarám trabajando en la defensa legal y llaman a realizar acciones en solidaridad.
Recuerdan que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal por lo cual enfrenta tres procesos judiciales. “En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo” por el partido Morena.
Cabe recordar que en junio 2023, la comunidad de Puente Madera ganó un amparo contra el proyecto de Polo de Desarrollo. Esto por la premura de imponer la aprobación del parque industrial, cuando autoridades locales realizaron una asamblea amañada donde falsificaron firmas de más del 80% del padrón de comuneros y de personas fallecidas.
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