La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT, y la asamblea comunitaria de Puente Madera exigen la revisión de la sentencia e indulto para David Hernández Salazar, defensor comunitario que ha luchado contra la instalación de un polo de desarrollo industrial del Corredor Interoceánico y que se pretende instalar en tierras comunales del pueblo zapoteca Puente Madera.
“Defender la tierra y el territorio no es un delito” señalan los y las integrantes de las asambleas, quienes a través de un comunicado explicaron las causas penales por las que el pasado 30 de enero Hernández Salazar fue declarado culpable en medio un proceso lleno de irregularidades, pues a pesar de presentar durante 14 días pruebas y peritajes que desmentían a la parte demandante, la lucha del defensor y la de otras 17 personas de la comunidad está siendo criminalizada.
En el pronunciamiento señalaron que dentro de las inconsistencias del juicio existen contradicciones importantes desde la parte demandante que llevaron al Registro Agrario Nacional a desistir como demandante. “A lo largo de estas dos semanas en las cuales se llevó a cabo el Juicio del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, se demostró en las audiencias las inconsistencias y falta de fundamentos de los demandantes en contra de David y la existencia de la Causa Penal 446/2022″, en la que se incluyen 17 órdenes de aprehensión contra habitantes de Puente Madera por su oposición a las obras del megaproyecto federal, especialmente en el monte El Pitayal, precisaron las organizaciones.
A pesar de no encontrarse en el lugar de los hechos, David Salazar está siendo acusado de incendiar vehículos de un grupo de personas que el pasado 12 de febrero de 2022 ingresaron a las tierras comunales de puente madera conocida como “El Pitayal” para medir “ilegalmente” el terreno “con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico”.
Este 7 de febrero se determinará la pena y sanciones por lo que exigieron con urgencia la revisión de los documentos y la cancelación de la causa penal en la que se acusa injustificadamente a 17 habitantes de Puente Madera y el cese a la represión contra defensores del territorio y periodistas.
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