A casi 50 años de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, integrante de Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) detenida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México y vista viva por última vez en el Campo Militar Número Uno, los integrantes del nuevo Poder Judicial tienen la oportunidad de obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar toda la documentación en su poder sobre la llamada “guerra sucia” y contribuir al esclarecimiento de su paradero y varias víctimas más.
Así lo considera Alicia de los Ríos Merino, hija de la integrante de la LC23S desaparecida, en espera de la resolución de un amparo que presentó en 2023 en contra del “desacato” de la Sedena al decreto presidencial emitido en 2019 por Andrés Manuel López Obrador quien instruyó a todas las dependencias a entregar información relacionada con violaciones a derechos humanos.
Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Artículo 19, De los Ríos Merino, quien mantiene desde 2002 un litigio para encontrar a su madre, espera que los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito demuestren que son “operadores judiciales que están a favor de los derechos humanos”.
“Se ha puesto en duda el Poder Judicial, sobre todo a partir de la reforma, aunque sus integrantes se presentan como operadores judiciales que están a favor de los derechos humanos, es por eso que en este contexto de una crisis evidente de personas desaparecidas, tienen la oportunidad de subsanar la opacidad con la que trabaja la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala De los Ríos Merino en entrevista con Proceso.
Este viernes, el Centro Prodh y Artículo 19 dieron a conocer un comunicado en el que reseñan que ante la resistencia de la Sedena de acatar “la instrucción presidencial de transferir al Archivo General de la Nación (AGN), todos los archivos, históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas en contra de movimientos sociales”, como se publicó en el Diario Oficial en febrero de 2019, Alicia de los Ríos solicitó el amparo de la justicia federal en 2023 para que la información fuera entrega y evitar su posible destrucción.
En el comunicado las organizaciones destacaron que el amparo fue tramitado después de que en el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH) se encontraron documentos “clave” para esclarecer y “generar líneas de búsqueda de personas desaparecidas”, y a los que el Ejército “obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas con archivos previamente identificados y, finalmente, negó el acceso a los documentos”.
Las organizaciones recuerdan que en un primera instancia, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión definitiva para que la Sedena “se abstenga de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar documentos históricos” correspondientes al periodo de la “guerra sucia”, pero posteriormente, en el estudio de fondo, se negó el amparo.
Después de casi tres años de litigio, este viernes los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito agendaron la discusión del amparo en revisión 43/2025.
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