Los “Vuelos de la Muerte” durante la guerra Sucia, representaron un “método sistemático y organizado de exterminio” donde 1500 víctimas fueron lanzados al mar en las costas de Guerrero, por lo que constituyen delitos de lesa humanidad, concluyó Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato, el pasado 22 de agosto.
Un hecho histórico, ya que por primera vez una jueza reconoce un “terrorismo de estado” en las décadas de 1970 y 1980. La sentencia ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie acción penal contra las autoridades vinculadas a esas acciones. Dicho fallo se basa en el recurso de amparo que data de 2018, debido a las omisiones en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla Pacheco, un activista guerrerense que formó parte del grupo de Lucio Cabañas y fue detenido, torturado y víctima de desaparición forzada por integrantes del Ejército en agosto de 1974.
Mediante testimonios y documentos de hace 20 años se acreditó que el gobierno estuvo involucrado en las múltiples violaciones a los derechos humanos durante ese periodo de lucha contrainsurgente, como el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, así como de militares que aún están vivos y participaron en esas acciones o como el general Enrique Cervantes Aguirre, quien en el momento de los hechos era aún capitán.
La sentencia señala que existieron omisiones e indolencias gubernamentales para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones a mujeres y niños, como parte de una acción sistemática, así como la existencia de prisiones clandestinas. Existen documentos oficiales que prueban de manera suficiente la culpabilidad de las más altas autoridades civiles y militares en estos sucesos.
Ante ello la jueza también pidió que se creen espacios para la memoria en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar número 1, y ordena que todos los cabildos del país y autoridades federales retiren los símbolos conmemorativos, fotografías, estatuas y nomenclaturas de vialidades que honren o enaltezcan a quienes formaron parte del aparato estatal responsable del terrorismo de Estado.
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