La Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil, presentó una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado, con el propósito de visibilizar, documentar y analizar de manera permanente las violaciones que enfrentan distintos sectores de la población oaxaqueña.
El documento busca aportar elementos sólidos y confiables para que la sociedad exija a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en un contexto donde persisten graves rezagos en el acceso a la justicia, la protección y la garantía efectiva de derechos.
El informe advierte que en Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos.
Entre los hechos documentados se encuentran agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas. De acuerdo con las organizaciones, estos casos reflejan no hechos aislados, sino patrones estructurales de exclusión, discriminación, violencia e impunidad.
Asimismo, la ACDHO señala que la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha estado marcada por la omisión, la opacidad, la simulación y la falta de consulta efectiva, lo que ha impedido resolver de fondo las problemáticas denunciadas.
Frente a ello, el informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas públicas, garantizar la participación de las comunidades y asegurar una actuación institucional con perspectiva intercultural, de género, diversidad e interseccionalidad.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a los poderes del Estado y a los organismos autónomos para asumir su responsabilidad y avanzar hacia una política pública centrada en la dignidad, la justicia social y la protección integral de los derechos humanos en Oaxaca.
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