En los últimos meses se han incrementado los casos de conflictos violencia y desplazamientos forzados en el sur de México, en particular en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán. Algunos de estos casos se deben a la presencia del crimen organizado, y también de algunos de ellos se ha especulado que la violencia y el desplazamiento de la población tiene como telón de fondo los proyectos extractivistas y en especial la minería.
¿Qué tan cierto es esto? Diversas investigaciones han documentado que detrás de múltiples conflictos en regiones indígenas del país se encuentra la actividad minera.
Un estudio publicado en octubre de 2022 en La Jornada del Campo señala: “Los casos más extremos de migración por inseguridad y violencia en regiones con alta actividad minera son Guerrero, Michoacán y Sinaloa. El caso de Guerrero es el más dramático: mientras que los municipios con potencial minero (pero libres de actividad minera) tienen una tasa de 174 personas migrantes por inseguridad y violencia, los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país: 728 personas por cada 100 mil”.
“Los municipios en donde existen conflictos mineros en Michoacán son el segundo promedio nacional más alto de migración por inseguridad y violencia presumiblemente ligado a la minería, con una tasa de 613 personas. Sinaloa tiene una tasa promedio de 429 personas migrantes por inseguridad y violencia en los municipios con conflictos mineros, cifra diez veces más alta que el promedio de los municipios sin minería en la entidad, con 42”.
“Los casos de Chihuahua y el Estado de México son prácticamente idénticos, con una tasa de 340 y 342 personas migrantes por inseguridad en municipios con conflictos mineros, frente a una tasa de apenas 37 en municipios libres de minería. Estos datos se pueden ver en el mapa bivariado, que, en color marrón, señala aquellos municipios que tienen una alta actividad minera y una alta migración por violencia e inseguridad”.
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