Según las cifras oficiales, México nunca había tenido mejor acceso al agua. El 96% de las personas tienen acceso a ella, un incremento de 20 puntos en 30 años. En el papel, México avanza hacia una cobertura perfecta de agua potable. Pero la realidad es distinta. Las cifras oficiales consideran que alguien tiene acceso al agua si su vivienda está conectada a la tubería pública, sin considerar si la tubería tiene agua. Cuando se considera esto, la imagen de México cambia: el país se está secando.
Desde 2006 a la fecha, cada vez menos municipios han tenido acceso a agua todos los días. Aquel año, el 61% lo tenía. Ahora, solo el 33%. Hasta 2006, cada año, el acceso al agua mejoraba, pero ahora los avances se terminaron. Tener agua diaria es un privilegio de cada vez más pocos.
Si México enfrenta un problema de falta de acceso al agua es porque las reglas del juego están mal hechas y han favorecido la falta de coordinación y presupuesto y la concentración del agua en manos de un puñado. Todo empieza con la Constitución. En ella se plantea que el gobierno municipal debe estar a cargo del servicio de agua potable. Es decir, el nivel de gobierno que tiende a ser estructuralmente más pobre, menos profesionalizado y más débil es quien tiene a su cargo uno de los servicios más esenciales para la vida humana. En México, hay miles de gestores de agua que operan sin coordinarse. Según el Censo Económico, existen 2.826 organismos operadores de agua. Algunos Estados, como Oaxaca, tienen más de 200.
A nivel federal no existe un regulador, solo un ente responsable de otorgar concesiones y asignaciones de agua: la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así, nadie puede regular de manera integral y centralizada aspectos críticos para mejorar el acceso al agua, como la obtención de información sobre la prestación del servicio de agua o la imposición de metas para mejorarlo. Tampoco se puede crear un sistema homologado para financiar la distribución y reutilización del agua, o determinar aspectos de planeación urbana como dónde se deben poner empresas o asentamientos urbanos nuevos.
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