El defensor comunitario y comunicador Alejandro Torres Chocolatl salió el pasado 30 de junio de su casa en Santa María Zacatepec, Puebla, para ir a comprar pintura, cuando el carro en el que viajaba fue interceptado por un vehículo no oficial y sin número de identificación, del que bajaron cuatro personas armadas vestidas de civil y lo subieron a uno de los automóviles. No le dijeron de qué se trataba ni se identificaron.
El operativo fue diseñado como una desaparición forzada o un levantón del crimen organizado. Pero no. Eran policías ministeriales ejecutando un acto de violación a los derechos humanos de un defensor del agua y un comunicador comunitario nahua. Horas después y tras protestas de organizaciones, Torres Chocolatl fue liberado.
En este caso “se trata de la intimidación no sólo a Alejandro Torres, sino a todo el movimiento que ha luchado por la defensa del río Metlapanapla, que corre el riesgo de ser contaminado por los vertidos de aguas residuales de la Ciudad Textil de Huejotzingo”, afirma Gloria Muñoz Ramírez en su columna semanal Los de Abajo.
Y es también una represión contra quienes luchan por el agua en el municipio Juan C. Bonilla contra la empresa Bonafont, que ha dejado secos los manantiales de la región cholulteca. Y contra las 22 comunidades nahuas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se han opuesto, como lo hizo su compañero y amigo Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019, al Proyecto Integral Morelos (PIM).
En conferencia de prensa, Alejandro Torres Chocolatl también dijo que no se puede obviar que su detención ocurre luego de que Ardelio Vargas Fosado, vinculado a García Luna e involucrado en la represión de Atenco y Oaxaca, fue designado subsecretario de Gobernación en la administración que encabeza el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
La organización Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como sus abogados, exigieron una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes para esclarecer los hechos, que violan el debido proceso.
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