Ante la convocatoria al proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Estatal, Salomón Jara Cruz, a realizarse este 25 de enero, 33 organizaciones oaxaqueñas manifestaron su rechazo a lo que consideraron “un ejercicio de legitimación forzada y un uso faccioso de las instituciones democráticas”.
Todo esto expresaron a través de un comunicado organizaciones como CAMPO, EDUCA, GESMujer, Consorcio, FPR, Flor y Canto, APIIDTT, Tequio Jurídico, entre otras:
Instrumentalización de la Participación Ciudadana: Denunciamos que este ejercicio no nace de una genuina exigencia popular de remoción, sino de una estrategia de autopromoción política. La recolección de firmas por la propia militancia del partido en el poder desvirtúa la naturaleza de la revocación, convirtiéndola en un acto de ratificación oficialista.
La Simulación como Política de Estado: En un contexto de control absoluto del Congreso local, cooptación de sindicatos y debilitamiento de la oposición, la consulta es una farsa innecesaria. No existe un riesgo real para la continuidad del gobernador; el objetivo es únicamente el despliegue de músculo político para fines personales.
Despilfarro de Recursos Públicos: Es inadmisible que, en un estado con carencias estructurales históricas, se destinen millones de pesos del erario para un ejercicio cuyo resultado está prefigurado por la maquinaria estatal. Este gasto no beneficia al pueblo, sino que financia la propaganda del régimen.
Validación del Modelo Extractivista y Neoliberal: Este proceso busca obtener un “cheque en blanco” para profundizar las políticas de despojo bajo el eslogan de la “Primavera Oaxaqueña”. Votar por la continuidad es validar el Corredor Interoceánico, la minería desenfrenada, la gentrificación y la entrega del territorio al capital transnacional.
Coacción y Vicios de Origen: Condenamos la inducción al voto por parte de servidores públicos. El uso de programas asistencialistas para movilizar a la ciudadanía hacia las urnas bajo amenaza o presión es una práctica que creíamos superada, pero que hoy es el motor de este proceso.
Deuda Histórica de Justicia: A 20 años de la insurgencia popular de 2006, la estructura sistémica de impunidad permanece intacta. Un gobierno que se dice “popular” pero mantiene la misma política de dilación en la justicia y denostación de la crítica, no es más que el reciclaje de las viejas estructuras de poder bajo un nuevo color.
Encubrir la mentira de la erradicación de la pobreza: Las acciones públicas del gobierno morenista se siguen limitando a políticas asistencialistas mediante dádivas condicionadas y tarjetas de apoyos mínimos. No hay políticas constructivas ni para los campesinos ni para los trabajadores, sino un incremento real de la pobreza. Y mientras se fomenta la ficción de un falso indigenismo a modo del negocio turístico, se destruyen las bases socio-económicas y culturales de la existencia de los pueblos originarios para beneficio de las élites corruptas en el poder. Una vez más se quiere utilizar el voto de los pobres para legitimar el despojo de los derechos del pueblo.
La pregunta que el pueblo debe hacerse no es si el gobernador debe seguir o irse, sino: ¿Quién se beneficia realmente con esta consulta? El cambio de nombres en la cúpula no garantiza un cambio en las políticas de opresión. Mientras la estructura sistémica no se transforme y las demandas de los pueblos sigan siendo ignoradas, estos ejercicios no son democracia, son maquillaje político. En el primer link puedes consultar el listado de organizaciones.
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