A pesar de toda la movilización social y la lucha legal del pueblo Yoreme contra la instalación de una planta de Amoniaco, recientemente el Poder Judicial de la Federación ha dado el favor a la empresa transnacional Proman AG – con subsidiaria Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) -, para que esta inicie la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Topolobampo, al norte de Sinaloa.
Dicha resolución se da luego de validar la consulta indígena que avaló dicha planta, la cual señalan, se realizó en pueblos originarios que no se verían afectados en caso de un desastre. Desde el año 2022 el pueblo Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas impuso un No a dicha instalación, en su momento solicitó que se revisara la consulta indígena que se llevó a cabo en XXXX de XXXX, la cual se extendió a 15 comunidades. En la demanda se afirmó que dicha consulta se hizo con “vicios que no fueron atendidos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental al emitir la autorización de impacto y riesgo ambiental. Dicha queja fue desechada por el Juez.
El juzgado afirmó que la consulta fue realizada de manera correcta, bajo un método acompañado por distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Gobernación, Marina, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, así como también el gobierno municipal de Ahome. Así concluyo que la empresa es segura.
Los pueblos Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, pueblos ubicados alrededor de la bahía han señalado tener miedo por un posible colapso de la planta, así como el desgaste de la bahía, de la cual subsisten más de 500 familias con la pesca de especies como jaiba, lisa, mojarra, róbalo y camarón. De acuerdo con datos otorgados por la empresa GPO, se pretende producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco, dicha producción serviría en un 80 por ciento para la exportación.
Sin embargo Claudia Susana Quintero, mujer Mayo-Yoreme que ha encabezado la lucha en el pueblo de Ohuira, dijo lamentar la decisión del juzgado, pero que este, a su vez, permitía avanzar en otros niveles jurídicos. “Lo que sigue ahora es acudir ante la Corte Interamericana, mientras también se resuelven otras tres demandas que se promovieron”, dijo en entrevista telefónica con Revista Espejo.
También aseguró que a esos procesos legales se sumará una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la sentencia del Juzgado Séptimo en Sinaloa que resolvió el amparo 561/2023.
Denunció que el trabajo jurídico ha sido acompañado por asesores jurídicos fuera de Sinaloa, debido a que el abogado que ha acompañado a los pueblos Mayo-Yoreme contra la planta de amoniaco ha recibido amenazas del crimen organizado y funcionario involucrados en el municipio.
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