El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y la Iniciativa para la Justicia Transnacional (IJT), con la asesoría del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, presentaron la Guía de Seguridad Comunitaria para Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el evento, Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio Oaxaca, afirmó que la seguridad comunitaria es el proceso continuo para garantizar condiciones colectivas a fin de ejercer la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mediante una serie de estrategias y capacidades con el propósito de posibilitar la salvaguarda de la integridad física, psicológica, emocional, colectiva y comunitaria de las defensoras y defensores en sus territorios.
Este y otros puntos sobre la problemática de riesgo que hoy define la defensa del territorio en un país como México; donde tan solo en el 2024 se registraron 21 homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras del medio ambiente.
En la mesa de reflexión del evento se estableció que Oaxaca se ha posicionado nuevamente como el estado del país con mayor número de agresiones a personas defensoras del medio ambiente, registrando 42 tipos de agresiones, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales y una violencia estructural en la que el Estado ha sido identificado como el principal agresor con sus fuerzas vivas y secretas procurando la difamación, intimidación, estigmatización y hostigamiento como métodos de control para la preservación de intereses que se confunden entre propios y absolutamente unificados con los activos de grupos empresariales y criminales.
Maricela Zurita destacó la amenaza que el modelo asistencialista que hoy promueve el Estado, significa para el devenir comunitario. Pues no es que las becas y los apoyos sean malos, sino que estos han instalado un discurso en el que parece que ya no se puede cuestionar nada ni a nadie, pues se asume que como llega el dinero todo va muy bien. En consecuencia, el trabajo del campo se desvaloriza y cualquier tipo de crítica se interpreta por el poder como oposición política, susceptible de ser perseguida y silenciada.
“Crea ceguera ciudadana y dificulta seriamente el discutir los riesgos que atraviesan los territorios. A esto hay que sumarle la vacía dictadura de las redes sociales que todo el tiempo promueven qué comer, cómo vestir, qué comprar y dónde vivir. El resultado es que nos estamos desconectando cada vez más de la realidad”, reflexionó la defensora chatina del territorio.
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