Con un amparo ordenado por la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán se anunció la suspensión temporal de las obras de construcción de la granja avícola Akutzá, de la empresa Bachoco, que actualmente se desarrollan en inmediaciones del Municipio de Peto, Yucatán. La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC, acompaño el amparo promovido por una defensora ambiental maya, donde se documentó violaciones al derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades potencialmente afectadas por el proyecto de granja avícola.
Con dicha orden el municipio de Peto y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, deberán vigilar que no se realicen construcciones o trabajos de cualquier índole relacionados con la granja avícola, propiedad de la empresa Bachoco, S.A. de C.V. Juan Antopnio Lopez coordinador del área de Justicia Transnacional de ProDESC, señaló que “la demanda de amparo fue promovida por la omisión de las autoridades competentes de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena Maya de Peto y otras comunidades mayas y ejidos aledaños, respecto de la referida granja, violando con ello su derecho a decidir sobre su construcción y operación y a conocer los impactos ambientales de dicho proyecto”.
El proyecto de la granja Akutzá consiste en la producción de huevo incubable en una superficie de 299.9 hectáreas, ubicadas en el tablaje “Akutzá”, en el municipio de Peto, Yucatán, colindante con el Estado de Quintana Roo y cerca de la Laguna de Chichankanab, la Laguna de agua dulce interior más grande de la Península de Yucatán, declarado de importancia internacional por la UNESCO en 2004.
Hasta el momento, los trabajos de construcción ya habían iniciado. Dichas granjas avícolas generan daños irreversibles al medio ambiente y la salud por la filtración de aguas residuales a los mantos acuíferos, además cabe recordar que en los últimos cinco años Yucatán se ha convertido en un atractivo para la industria cárnica. Las comunidades del estado han denunciado afectaciones y se han opuesto también a las instalaciones de megagranjas porcícolas, donde aproximadamente 507 granjas porcícolas ha sido instalados y ninguna cuenta con permiso.
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