La publicación del decreto presidencial en materia de transparencia, el pasado 4 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, no resuelve las deficiencias estructurales del sistema de acceso a la información pública en México, advirtió la organización ARTICLE 19.
El “Decreto por el que se determina la información adicional que de manera proactiva publicarán los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal” establece que las dependencias deberán actualizar información relacionada con contratos públicos, empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), procesos de auditoría y otros datos considerados de interés público.
Sin embargo, ARTICLE 19 sostiene que estas obligaciones ya están contempladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual obliga a las autoridades a publicar información sobre contratos, auditorías, convenios y otros documentos bajo el principio de máxima publicidad.
La organización señala que el decreto no fortalece las obligaciones legales existentes y, por el contrario, presenta como una “invitación” el cumplimiento de responsabilidades que la ley ya establece como obligatorias para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
El único cambio relevante, agrega, consiste en exigir la actualización mensual de la información sobre contrataciones públicas. No obstante, considera que esta medida resulta insuficiente frente a los problemas que enfrenta el sistema, como el incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de diversas instituciones y las fallas recurrentes de la Plataforma Nacional de Transparencia.
ARTICLE 19 también alertó que la reforma legal aprobada en 2025 debilitó el derecho de acceso a la información al ampliar las causales para reservar datos públicos y reducir los mecanismos de impugnación. Como ejemplo, recordó que diversas autoridades que en 2024 reportaban información sobre fosas clandestinas dejaron de hacerlo en 2025, argumentando la protección de datos personales o el riesgo para investigaciones en curso.
Durante la conferencia matutina del 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el decreto evita que la reserva de información quede al criterio de funcionarios. Sin embargo, ARTICLE 19 sostiene que el decreto no modifica las disposiciones legales que permiten clasificar información como reservada.
Para la organización, mientras no se atiendan las limitaciones de la legislación vigente y no existan mecanismos independientes que garanticen el derecho de acceso a la información, el decreto tendrá un impacto limitado para combatir la opacidad y fortalecer la rendición de cuentas.
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