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La Minuta

Gobierno crea “Transparencia para el Pueblo de Oaxaca” en un contexto marcado por la opacidad de los megaproyectos

El Congreso del Estado aprobó dos nuevas leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en las que ahora la garantía de estos derechos estará a cargo del Poder Ejecutivo estatal, a través de un nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo de Oaxaca”.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz para armonizar el marco jurídico local con las disposiciones de las leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Federación y que incluyen la desaparición de los órganos autónomos de acceso a la información.

En la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno y la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Oaxaca, se establece que el Gobierno del estado asume la responsabilidad de revisar y actualizar la legislación en la materia de transparencia y acceso a la información.

Esto se da en medio de un clima de denuncias por parte de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos debido a la falta de transparencia y opacidad en diversas obras en el estado, pero en particular la megaobra del bienestar Presa Margarita Maza.

El pasado mes de octubre el Observatorio Comunitario y Ciudadano del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), presentó una demanda de amparo en relación con el proyecto de la Presa Margarita Maza (antes conocida como “Paso Ancho”), con el objetivo de exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la información y participación en proyectos públicos que impactan el medio ambiente y el agua.

Para el observatorio ciudadano, una obra de esta envergadura constituye un asunto de evidente interés público por ello haciendo uso del derecho a la participación pública que se establece en el Artículo 1 del Acuerdo de Escazú, firmado por el Estado mexicano, ha solicitado la aplicación de principios de máxima publicidad y transparencia, algo que, dicen, hasta la fecha no ha sucedido.

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