Diversos hombres y mujeres de la comunidad mixteca de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, denunciaron frente al palacio de gobierno de Oaxaca, la omisión del gobierno estatal, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación de Atención a Derechos Humanos, pues a más de 140 días fuera de sus hogares no han visto acciones concretas que les ayude a regresar de forma segura.
En conferencia de prensa las y los desplazados exigieron un plan integral para el retorno de 61 mujeres, 27 niñas, 33 adultos mayores, 32 niños, 58 hombres, 12 madres solteras y dos bebes, quienes pernoctan a un costado del palacio municipal de Santiago Yosondúa, en una galera improvisada en la que duermen en el suelo, las 225 personas fueron desplazadas de sus vidas y viviendas, a base de incendios y balazos desde el pasado 18 de agosto de 2025 por la comunidad de Santa Maria Yolotepec.
“Hasta hoy nos siguen tirando”, expresó el agente de la comunidad atacada, Manuel López Rosales, sobre los ataques armados de los que las y los habitantes de Buenavista continúan siendo objeto.
Por su parte Yésica Sánchez Maya, abogada y defensora de derechos humanos que acompaña a las víctimas señaló “Han ignorado las medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y no existe actualmente un plan de retorno seguro. Han buscando interlocución y no ha habido respuesta…” y advirtió que la comunidad de Buenavista cuenta con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un juicio de amparo ganado que les reconoce la posesión de mil 625 hectáreas de territorio. “A pesar de esto, el estado de derecho no se ha hecho valer”, lamentó.
Sanchez Maya estimó que existe una incapacidad de acción u omisión por parte de la Secretaría General de Gobierno y de la Coordinación de Atención a Derechos Humanos, en momentos en los que una muy publicitada ley contra el desplazamiento forzado, cuya concepción involucró hasta a la ONU, es hoy tratada como letra muerta.
La comisión de desplazados declaró desconocer las razones para el ataque en su contra, aunque dijeron que algo han escuchado sobre la posibilidad de que exista una zona minera en su territorio. Revelaron también que la comunidad de Santa María Yolotepec les ha propuesto que pueden regresar a su comunidad, solo si les ceden el 50% de su territorio. Propuesta que la gente de Buenavista ha juzgado como humanamente absurda.
Tras las denuncias, el gobierno del estado de Oaxaca emitió un comunicado donde señalan “que la relatora de naciones unidas escucho a gente de comunidad”, acción que enmarca en la obligaciones que ellos mismos se atribuyeron en su ley, la cual entró en vigor en septiembre del 2025.
Oaxaca está entre los estados con mayor desplazamiento forzado interno, constata la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). A los casos históricos se sumaron en 2021 nuevos desplazamientos de comunidades enteras, como Tierra Blanca Copala, Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, estos últimos en el municipio mixteco de San Esteban Atatlahuca y en 2025 el caso de Buenavista Yosondua, todas ellas siguen pendientes.
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