¿Cuántos años más seguiremos contando sin saber el paradero de la defensora Irma Galindo ni sus cuatro compañeros? ¿Cuánto seguirán tardando las autoridades y dependencias en su localización con vida? ¿Cuándo llegará la anhelada justicia y reparación del daño de las familias mixtecas víctimas del desplazamiento forzado por la violencia en Esteban Atatlahuca?. La desaparición de las personas defensoras en Oaxaca es una constante que inhibe la defensa de derechos y el territorio, y que, sigue omitido en la agenda del gobierno estatal y federal.
Un 27 de octubre, hace cuatro años fue vista por última vez en el metro de la Ciudad de México la defensora y guardabosque mixteca Irma Galindo, contaba con protección federal otorgada por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas y en esas fechas había viajado a la ciudad para encontrarse en una reunión con el Gobierno Federal y denunciar que días antes, el 23 de octubre del 2021, su comunidad -Mier y Terán- fue atacada por un grupo de personas armadas por la defensa del bosque, que dejó como saldo cuatro personas desaparecidas, más de 100 casas calcinadas y decenas de personas desplazadas, que a cuatro años continúan viviendo en un albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) de Tlaxiaco, Oaxaca.
A cuatro años de estos hechos y los nulos avances en la localización de Irma y cuatro personas más y la falta de justicia y garantías de seguridad para el regreso de los desplazados, este 21 de octubre las familias junto a sus hijas e hijos se manifestaron en las calles de la ciudad de Tlaxiaco para exigir justicia por los desaparecidos, la quema de casas y las agresiones. “Seguimos alzando la voz por la verdad, la justicia y la reparación integral”, señalaron.
“Las niñeces tienen derecho a que se les escuche y se les respete, y nosotros los adultos, tenemos el deber de protegerlos, de defender la vida para que ellos puedan tener infancia libre de violencia”, enfatizaron las familias desplazadas a cuatro años de huir de la violencia en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
Dieron a conocer que, hasta la fecha, el gobierno del estado y federal, no ha garantizado la justicia ni la reparación del daño, tampoco han reconstruido las viviendas destruidas, menos se han ofrecido condiciones seguras para el retorno de las personas a sus comunidades de origen.
Cabe señalar que el 21 de julio de 2022, fueron detenidos dos de los actores principales de los ataques, pero fueron liberados al día siguiente, en menos de 24 horas, mostrando una vez más la falta de compromiso del Estado con la justicia.
“Que ningún niño y niña vuelva a dormir fuera de su casa por culpa de una guerra o de un desplazamiento, que ningún niño o niña vuelva a temer el sonido de un disparo, que ninguno tenga que aprender lo que es el desplazamiento antes que el juego. Nuestra lucha también es por ellos, por los niños que hoy viven lejos de su tierra, por lo que buscan justicia y para los que nacerán después, para que encuentren un mundo donde defender el bosque no signifique morir”, fueron las exigencias hacía las niñeces desplazados en 2021.
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