“Una sola agua, una sola ley”, fue la principal coincidencia y demanda recogida en los parlamentos abiertos sobre la legislación del agua que se organizaron en al menos 18 estados del país, donde participaron organizaciones sociales, comunitarias, la academia, así como legisladores federales y locales.
Representantes de las Contralorías Autónomas del Agua del país, así como integrantes de la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, entregaron los resolutivos de dichos parlamentos abiertos al diputado Gabriel García Hernández, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, con el objetivo de que formen parte del dictamen al paquete de reformas de agua enviadas por el Ejecutivo al Congreso el 9 de octubre.
Apenas el 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que los foros eran importantes para fortalecer dicho proceso legislativo, al reconocer que hubo un error en un planteamiento sobre descargas de agua de las mineras.
El paquete de reformas establece una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas, que en su conjunto ha sido rechazado por organizaciones de defensa del agua, pues han argumentado que no abroga la ley salinista creada en 1992 con un enfoque neoliberal del uso del recurso hídrico.
En su intervención, durante la entrega de resolutivos en el Club de Periodistas, el diputado García Hernández señaló que recoge los resolutivos y la demanda de establecer una sola Ley General del Agua, pero añadió que “hay una propuesta transitoria” en el sentido de establecer “al menos 12 cambios mínimos indispensables” en el esquema de dos leyes por separadas, enviadas así por el Ejecutivo.
Los parlamentos abiertos se realizaron del 7 de noviembre al 14 de noviembre en Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Durango y Coahuila (La Laguna), Baja California Sur, Morelos, Baja California Norte, Puebla, Guanajuato y Yucatán; sin embargo se anunció que los foros serán permanentes.
Entre los principales resolutivos están la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y en su lugar aprobar la Ley General del Agua trabajada en foros ciudadanos, establecer la prohibición de la privatización de la gestión del agua, remplazar los Consejos de Cuenca por consejos regionales y locales con amplia participación de pueblos originarios, sistemas comunitarios, investigadores, entre otros.
Además se planteó imponer sanciones a concesionarios que incumplan con el derecho humano al agua y al saneamiento, así como responsabilidades a funcionarios que mantengan concesiones abusivas; establecer planes consensuados para enfrentar el sobreconcesionamiento, acaparamiento, contaminación y despojo.
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