Hoy, tras la elección popular, la mitad del poder judicial federal toma posesión de su cargo, mientras que la otra mitad se elegirá en 2027. Con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SDJN), los ahora nueve ministros tomarán posesión de su cargo esta tarde.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, pidió a la ciudadanía confiar en el nuevo pleno que trabajará para hacer un máximo tribunal distinto al que se mantuvo por poco más de 30 años.
Durante una ceremonia de “consagración” de los bastones de mando en Cuicuilco, organizada por representantes indígenas afines a la Cuarta Transformación, el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz afirmó que la nueva Corte tendrá “otro espíritu” y “no los guiará el poder ni el dinero” sino el servicio al pueblo.
Por su parte, algunas organizaciones de derechos humanos advierten que es probable que el poder judicial sea leal al gobierno. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, afirma: “Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”.
Cabe señalar que la nueva Suprema Corte hereda mil 440 pendientes de resolución, que tendrán que ser analizados a partir del 1 de septiembre. A cada ministro le corresponderán 155 asuntos aproximadamente. Entre las resoluciones pendientes están casos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, declarada violatoria de derechos humanos fundamentales por la CIDH.
El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de la democracia. Sin embargo, tanto en México como en la mayoría de los países del mundo, no se puede observar una autonomía real de este poder. A manera de ejemplo, la SCJN avaló en 2018 una consulta indígena amañada a favor del proyecto Eolicas del Sur en Juchitán. La consulta fue fuertemente cuestionada por la violencia ejercida por parte de grupos a favor del megaproyecto y por no cumplir con los protocolos y estandares internacionales, como advirtió un grupo de observadores independientes. Esta consulta fue auspiciada por la Secretaría de Energía del gobierno priista Peña Nieto e implementada por Hugo Aguilar, entonces funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Gabino Cué. En su decisión sobre el amparo por parte de organizaciones juchitecas, la mayoría de ministros de la SCJN, entre ellos José Ramón Cossío, votaron a favor de los intereses empresariales. Sólo los ministros Arturo Zaldívar y Norma Piña votaron a favor del amparo, al considerar que no se respetó el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada de los pueblos indígenas.
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