El gobierno federal inauguró la primera generación de 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Esto es un “símbolo de falta de respeto al pueblo de México”, acusa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado. Enfatizaron en que una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, con comunidades enfermas y contaminados sus ríos. Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de esta. En el documento emitido por REMA fue publicado el día 1° de octubre, destacan que la minería despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, además, está involucrada en la violencia y crímenes como el de los defensores Mariano Abarca (Chicomuselo, Chiapas) o Bernardo Vázquez (San José del Progreso, Oaxaca), por lo que es considerada como crimen organizado de parte de las empresas extranjeras. Señalaron que un pueblo que paga impuestos, genera economía y es víctima de actividad minera que depreda territorios e incumple contratos también merece tener un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras trasnacionales.
Comunicado: Seguridad a las empresas mineras, pero no para los pueblos. Contexto: El subsecretario de minería Francisco Quiroga vende territorio mexicano a mineras y solapa violencia: REMA
