Más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con un documento difundido por la dependencia.
El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.
Según la Ley del Impuesto sobre la Renta y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.
El SAT revocó la autorización de algunas ONG para recibir donativos deducibles del ISR, al carecer de una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica. Esta situación deriva de la ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023, la cual limitó la validez de las constancias emitidas de forma permanente por el Conacyt a través del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).
Dicha ley, así como el reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), publicado el 28 de noviembre de 2024, presentan un vacío normativo al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones que realizan actividades de investigación científica y/o tecnológica.
ONG consultadas por EL GRÁFICO señalaron que están resolviendo sus trámites en tiempo y forma ante el SAT. Algunos mencionaron que será hasta el 31 de marzo cuando reciba respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria. Rechazaron ser un sector que no pague impuestos o que no cumpla con los requisitos marcados por el SAT. Y reconocieron que esta situación los afecta.
El abogado José Mario de la Garza escribió en X: “Lo que está pasando con las ONG en México no es un trámite administrativo cualquiera. Es un golpe a la sociedad civil organizada. Cuando el Estado asfixia a organizaciones que acompañan víctimas, promueven amparos para conseguir medicamentos, combaten la corrupción, vigilan al poder y empujan litigios estratégicos, no sólo les quita recursos: le quita a la gente una vía real de defensa frente al abuso, la omisión y la impunidad”.
“Hay que decirlo con claridad: sin estas organizaciones, México queda más indefenso. Se debilitan los contrapesos, se reduce la vigilancia ciudadana y se lastima a miles de personas que encuentran en ellas la única puerta de acceso a justicia, salud, verdad y reparación. Lo grave no es sólo que las quieran callar; lo grave es lo que perdemos todos cuando desaparecen quienes documentan, litigan, acompañan y exigen cuentas al poder”.
“Si esta cancelación se vuelve política de Estado, estamos frente a algo mucho más serio que un conflicto fiscal: estamos frente a una estrategia para vaciar el espacio cívico y desmontar la crítica organizada. Un país sin sociedad civil fuerte no es un país más ordenado: es un país más solo, más vulnerable y mucho más cerca del autoritarismo”.
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