Defensores y defensoras de la comunidad de Santa María Chimalapa refutan al presidente municipal de Coatzacoalcos, quien anunció un supuesto acuerdo con Conagua sobre el Acueducto Coatzacoalcos después del estancamiento de las impugnaciones legales. Declararon su intención de continuar la lucha por su río y el ecosistema en los cortes, hasta las autoridades internacionales si es necesario.
La comunidad zoque de Los Chimalapas mantiene un proceso judicial contra el acueducto, que desviaría el agua del río Uxpanapa a Veracruz. En agosto el Juzgado Sexto otorgó un amparo, suspendiendo la construcción del megaproyecto, pero sin cancelarlo. Para resolver el futuro del acueducto, habían planificado un procedimiento para el 17 de septiembre, donde la corte debería haber oído argumentos de la comunidad en contra del megaproyecto. Pero la audiencia fue reprogramada debido a que no se pudo notificar al director de Conagua, una de las autoridades señaladas en la demanda.
Representantes de Chimalapas critican el procedimiento. Miguel Angel Garcia Aguirre, coordinador del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, sospecha que los retrasos representan una estrategia de fatigar a los defensores y las defensoras.
En respuesta a la cita cancelada, el municipio oaxaqueño presentó tres recursos en el Juzgado Sexto de Distrito. En ellos denuncian el incumplimiento y las fallas en la aplicación de la suspensión definitiva y expresan quejas sobre los retrasos. Además, notificaron su disposición a resistir y movilizarse masivamente, si fuera necesario.
Mientras tanto, Pedro Miguel Rosaldo, el alcalde de Coatzacoalcos, ha proclamado en una conferencia de prensa que su ciudad ha llegado a un acuerdo con Conagua para continuar no solo con la construcción del Acueducto Coatzacoalcos, sino con todos proyectos federales que forman parte del Corredor Interoceánico.
El proyecto en cuestión pretende saquear agua del río en territorio oaxaqueño y llevarlo a Veracruz para que la industria petroquímica tenga más agua para sus fabricas. Autoridades agrarias de Santa María Chimalapas advierten de los efectos negativos para el medio ambiente y señalan que las comunidades indígenas no han sido consultadas.
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