Unas 67 organizaciones de 14 países exigieron en una carta pública al Poder Judicial estatal que “revise el caso” del catequista y candidato al diaconado permanente, ex presidente y ex regidor del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López y de Diego Mendoza Cruz. Ambos fueron sentenciados a principios de marzo a 110 años de cárcel, acusados de la desaparición de 19 personas “en un contexto de violencia y enfrentamiento entre el grupo de autodefensas El Machete y el crimen organizado del grupo de Los Herrera” en julio de 2021. Acusaban también de este delito al padre Marcelo Pérez Pérez asesinado en pleno día en San Cristóbal de Las Casas en octubre 2024.
Las 67 organizacones y más de 200 personas firmantes declaran que su arresto “fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con lujo de violencia; se violaron completamente el debido proceso y sus derechos fundamentales” y además de que “se les violó el derecho fundamental a contar con un intérprete por ser miembros del pueblo indígena tseltal”. Agregaron que “el juicio al que han sido sometidos ha estado plagado de irregularidades” y que “existen pruebas testificales que corroboran la imposibilidad de que tanto Diego como Pedro, así como el padre Marcelo pudieran haber participado en la desaparición de estas 19 personas”.
Finalmente, los firmantes solicitaron a los gobiernos federal y estatal que “pongan las medidas necesarias para que el asesinato de Marcelo no quede impune” y afirmaron que el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza “son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en Chiapas. Informaron que por la “injusta condena” ya se presentó “una queja” ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria-Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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