Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia. Estas reformas proponen legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que se ha advertido y documentado ampliamente por sexenios- como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos con impunidad.
A través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.
Adicionalmente, si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes. Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.
Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército. Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal- que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas reformas en beneficio de la población mexicana y analizar este tipo de propuestas desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia.
De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.
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