“México consolida, sin mucho debate público, un modelo de vigilancia masiva que erosiona la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la defensa frente a los abusos del poder. Las piezas de este sistema se han ido colocando una tras otra, hasta conformar una estructura de control que se legaliza por etapas y se normaliza en el discurso”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, en un artículo publicado en Sin Embargo.
“La más reciente de ellas son las reformas al Código Fiscal de la Federación (artículo 30-B), aprobadas en el Congreso, que otorgan a las autoridades la capacidad de acceder, permanentemente y en tiempo real, a las plataformas digitales para obtener información “que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”, y de bloquear dichas plataformas si se niegan a otorgar dicho acceso”.
“Estas modificaciones vulneran el derecho a la privacidad y abren la puerta a la censura de contenidos digitales. Lo que se presenta como herramientas para mejorar las capacidades de recaudación fiscal, se erigen en verdaderos instrumentos de vigilancia y control. Las autoridades podrán acceder a datos personales sin supervisión judicial, y ordenar el bloqueo de plataformas de información, si éstas no cooperan. En la práctica, significa que el Estado podría vigilar, sancionar o censurar con un margen amplísimo de discrecionalidad”.
“Estas reformas forman parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado en julio pasado, que reconfigura el aparato de vigilancia estatal. En ese conjunto se incluyeron las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley en Materia de Desapariciones, Ley de Guardia Nacional; así como la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todo ese entramado legal permite el acceso cruzado y en tiempo real a registros, y bases de datos públicas y privadas, y crean la CURP Biométrica obligatoria. El discurso oficial habla de “eficiencia administrativa” y “seguridad”, pero en realidad lo que se construye es una infraestructura permanente de control ciudadano”.
“Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines”. Leer artículo completo en el primer link.
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