Las reformas con las que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo busca concentrar los datos biométricos de toda la población mexicana en la Clave Única de Registro de Población (CURP) representan “graves riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos humanos de las más de 130 millones de personas que habitan o visitan el país”, advirtió este viernes la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La organización señaló que, a través de sus reformas a las leyes generales de Población y en materia de Desaparición Forzada, el gobierno pretende crear una base de datos biométricos “centralizada, masiva y obligatoria”, cuya vulneración desencadenaría una serie de consecuencias desastrosas para la población, incluyendo suplantaciones de identidad o discriminación.
Las iniciativas del gobierno implican en el riesgo de instaurar una “vigilancia masiva por parte del Estado, altamente intrusiva y con un enorme potencial autoritario”, señaló R3D, que ha documentado en sus 11 años de existencia los abusos cometidos por los gobiernos con tecnologías de vigilancia como el spyware Pegasus o la intervención de comunicaciones.
R3D apuntó que, bajo la nueva modalidad, las instancias de seguridad –fiscalías, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuerzas armadas y las demás instituciones que integran el Gabinete de Seguridad de la Presidencia—tendrán el “acceso irrestricto” a los registros, sin “transparencia o cualquier salvaguarda contra abusos”.
Las reformas pretenden convertir la CURP en el único documento de identidad oficial –sustituyendo la credencial de electoral del Instituto Nacional Electoral (INE)-, que sería obligatorio para realizar cualquier trámite, ya sea público o privado, una manera de “condicionar el acceso a servicios” que tendría “efectos potencialmente catastróficos para el ejercicio de derechos humanos”, agregó.
R3D también señaló que la Plataforma Única de Identidad, que el gobierno pretende crear para validar la información de las CURP, concentrará una gran cantidad de datos sobre los particulares –incluyendo financieros, de transporte, de salud o de telecomunicaciones-, lo cual genera el riesgo de que sean aprovechados “para otros fines”.
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