Este 2026, las comunidades Ndonoyugi, Mier y Terán y Guerrero Grande en la Mixteca cumplirán cinco años de desplazamiento, de no poder sembrar sus tierras, de no convivir con sus vecinos y lo que más lamentan: “de no ver el bosque”.
La incursión armada a sus pueblos en octubre de 2021 ha dejado un saldo de varios muertos y desaparecidos, más de 100 casas quemadas y 300 habitantes desplazados, sin que tengan fecha de retorno. De los cuatro casos de desaparición forzada, el más conocido es el de Irma Galindo Barrios. La defensora desapareció en Ciudad de México en el contexto de conflicto en estas localidades del municipio de San Esteban Atatlahuca.
“Defender nuestro bosque de la tala ilegal y masiva no debería ser motivo para vivir desplazada”, cuenta con tristeza Sebastiana Paz Bautista, originaria de Ndonoyugi, Oaxaca, una de las tres comunidades mixtecas que viven desplazamiento forzado desde el 2021.
Sentada sobre una silla de plástico en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, Oaxaca, donde vive refugiada desde hace cuatro años junto con otras 65 personas, una mujer que ronda los 50 años recuerda cuando personas afines al Movimiento de Unificador de Lucha Triqui (Mult) llegaron a su pueblo y les arrebataron la paz y su patrimonio, “Fue algo muy brutal lo que nos ocurrió aquel 23 de octubre del 2021”, cuando un grupo de personas armadas quemó las viviendas. “Desde entonces no hay retorno seguro. Las autoridades prometen, pero no hay garantía de que estaremos a salvo”, expresa con pesar la mujer que elige no ser identificada, en entrevista con Istmo Press.
En una pared del refugio se aprecia un cartel grande con la inscripción: “Desplazados por la defensa de los bosques”. Está rodeado de proclamas y una manta que bordaron como señal de resistencia y para no olvidar lo que vivieron, lo que viven y lo que añoran.
En septiembre del 2025, Oaxaca nuevamente hizo historia al avalar desde el Congreso local la “Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”. Pedro Hernández Bautista desplazado y representante de los refugiados de Ndonoyuji, explica que a pesar de sus denuncias y exigencias no saben nada de su retorno. Está enterado de la aprobación de la ley, sin embargo, asegura que pareciera que solo es “de papel”, pues a cuatro meses, no hay avances de tener un retorno seguro a sus comunidades.
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