Ante la discusión en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones que se lleva actualmente en el Legislativo, el colectivo radiofónico indigenista y con 60 años de historia, Radio Teocelo, situado en el estado de Veracruz, denunció ser víctima de persecución judicial, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En un comunicado, la organización acusó que su colaborador José Elfego de Jesús Riveros Hernández, periodista y fundador de la estación XEYTM 1490 AM, es blanco de una persecución orquestada por el PVEM, a raíz de un supuesto acto de violencia política en razón de género que el comunicador habría ejercido en contra de una integrante del partido político.
El colectivo indicó en su mensaje que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había resuelto en enero de este 2025 a favor de los integrantes de Radio Teocelo por el caso en cuestión; sin embargo, el Tribunal decidió revocar dicha resolución, para fallar ahora en favor del Verde Ecologista.
A raíz de ello, exigió al Gobierno de México garantizar la protección de los colectivos independientes y el respeto irrestricto a los derechos de quienes integran su proyecto de comunicación ciudadana para fortalecer el marco legal que ampara su ejercicio, cumpliendo el Artículo 6 Constitucional.
Asimismo, hizo un llamado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dictar medidas cautelares de protección a favor de las y los colaboradores de Radio Teocelo, quienes enfrentan hostigamientos políticos y judiciales durante su labor periodística.
En tanto, la radio colectiva pidió que la Sala Regional Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación cumpla de manera íntegra y sin dilaciones su propia resolución emitida en el expediente SER-PSC-8/2025, luego de revocarla de forma inexplicable.
La organización señaló que estas acciones garantizarán el principio de seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales de las y los comunicadores comunitarios.
“En este país no se puede tolerar los cacicazgos, y mucho menos que esté siendo por el sistema de partidos. La protección de intereses particulares por encima de los derechos colectivos de los pueblos y de quienes ejercen el periodismo desde y para sus comunicadores es inaceptable en un estado democrático y de derecho”, concluyeron.
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