El miércoles 23 de abril, posterior a un proceso “fast-track” de dictaminación a puerta cerrada por parte de la Cámara de Diputados, el Senado de la República recibió de la Secretaría de Gobernación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La propuesta buscaba ser aprobada en el actual periodo de sesiones, prescindiendo de ejercicios de parlamento abierto y un análisis a profundidad de los posibles impactos que la iniciativa tendría frente al ejercicio de derechos humanos, afectando de manera desproporcionada a comunidades en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Tras diversas expresiones de preocupación y rechazo por parte de la población -debido al proceso legislativo y al contenido de la ley-, el Senado ha decidido aplazar la votación que tenía prevista para el lunes 28 de abril, por lo que el dictamen ha sido retirado del orden del día y no se realizará su votación durante dicha sesión.
Esta versión de la iniciativa parte de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, con la cual se extingue al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se trasladan facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La falta de autonomía e independencia de la autoridad, perteneciente el Poder Ejecutivo, sumada a una redacción ambigua y poco clara de la Ley, establecería un nuevo régimen de control gubernamental del ejecutivo sobre la asignación del espectro, concesiones y supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
El artículo 65 de la iniciativa permite a la Agencia “rescatar” bandas de frecuencias o recursos orbitales por motivos de “seguridad nacional” o de “interés público” sin ser precisos en sus definiciones o, incluso, sin considerar excepciones cuando se presentan estos supuestos. Este tipo de facultad puede provocar que se retiren concesiones a aquellos medios independientes bajo argumentos subjetivos, sin motivación o incluso ambiguos derivando en la vulneración de sus derechos a operar.
Es preciso señalar que, si bien la seguridad nacional está contemplada como una restricción legítima a la libertad de expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este concepto ha sido utilizado de manera sistemática por gobiernos para ordenar restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y que de ninguna manera puede contravenir la prohibición de imponer medidas de censura previa. Comunicado íntegro en el primer link.
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