Representantes de organizaciones de Yucatán, Oaxaca, Michoacán y Chiapas que resisten a diversos megaproyectos denunciaron en el Décimo foro social sobre democracias otras que se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el despojo de sus recursos y territorios.
Afirmaron también que dirigentes o miembros de algunas de esas agrupaciones que tienen una historia de lucha y resistencia, así como abogados que los han acompañado en los procesos jurídicos, han sido “cooptados” por dependencias estatales o federales o incorporados al partido Morena.
Expresaron su preocupación por la incertidumbre que les genera el nuevo poder judicial federal por la desaparición del juicio de amparo, figura jurídica con la que han logrado frenar, aunque sea parcialmente algunas obras o megaproyectos en sus territorios.
Pablo Uc, coordinador del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centro América (Odemca), del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), organizador del foro, dijo que Pedro Uc, de la Asamblea Múuch’ Xíinbal de la península de Yucatán, “figura estacada en el proceso de resistencia contra el tren maya”, planteó “la singularidad que tuvo este último sexenio en la militarización efectiva de los territorios mayas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche”
Asimismo, “toda la incorporación de bases organizadas de jóvenes y adultos mayas que habían estado resistiendo las tendencias de acumulación y hoy se forman como parte de la estructura de Morena, lo que percibe la asamblea como una pérdida de cierta organización que por años construyeron y también destacó el sostener una estrategia de amparos legales como la principal herramienta que contuvo relativamente la construcción de los tramos del tren maya hasta que llegó un punto en que los abogados que interpusieron esos amparos fueron incorporados al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) o llamados por la estructura central de Morena; estos antiguos aliados del movimiento se fueron al lado opuesto”.
En entrevista señaló que la Asamblea percibe lo anterior “como un golpe fuerte a 15 o 20 años de trabajo desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) o asambleas locales con trabajo político. Y hoy también están con la interrogante de qué significa la nueva estructura judicial. Si antes la herramienta de los amparos la concebían como una vía de resistencia para ir parando al menos parcialmente algunos proyectos hoy se preguntan qué sigue. Lo ven como una preocupación y una realidad, la desconfianza que les causa la nueva estructura judicial que viene después de la elección”.
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