En el marco de la Juntanza Latinoamericana y durante los Diálogos de Protección: Cuerpo, Territorio y Soberanía, organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos de la región emitieron un llamado urgente ante el deterioro de las condiciones para ejercer la defensa de derechos y la creciente violencia contra quienes protegen los territorios, el ambiente y las comunidades.
Las organizaciones advirtieron que América Latina atraviesa una profunda reconfiguración del poder caracterizada por el debilitamiento de las instituciones democráticas, el retroceso en la garantía de derechos y el avance de expresiones autoritarias. Señalaron que la convergencia entre intereses estatales, corporativos, extractivos y estructuras del crimen organizado ha favorecido la captura de la institucionalidad, incrementado la polarización social y restringido el espacio cívico.
El pronunciamiento destaca que la militarización, el uso desproporcionado de regímenes de excepción y la utilización de marcos legales para favorecer intereses económicos han reducido las garantías para la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, denuncia que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo continúa impulsando conflictos sociales y territoriales mediante la imposición de proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades afectadas.
Las organizaciones alertaron que estos impactos afectan de manera diferenciada a mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y personas LGBTIQ+, quienes enfrentan mayores niveles de discriminación, violencia y cargas de cuidado.
De acuerdo con datos de Front Line Defenders citados en el pronunciamiento, durante 2025 fueron asesinadas 274 personas defensoras de derechos humanos en el mundo, la mayoría en América Latina, principalmente en Colombia, seguida de México y Brasil. Además de los homicidios, las personas defensoras enfrentan vigilancia, amenazas, campañas de desprestigio, criminalización, persecución judicial y desinformación, en un contexto marcado por la impunidad.
Frente a este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad para fortalecer la solidaridad con quienes defienden los derechos humanos; a los Estados para garantizar un entorno seguro, respetar sus obligaciones internacionales y eliminar normas que restringen el espacio cívico; a las instituciones de protección para fortalecer mecanismos con enfoques territoriales e interculturales; y a la comunidad internacional para mantener el acompañamiento político, técnico y financiero.
Finalmente, desde la Juntanza Latinoamericana reafirmaron su compromiso de continuar articulando esfuerzos para defender la vida, los territorios, la democracia y la dignidad humana, rechazando que la criminalización, el exilio o la muerte sean el costo de defender los derechos humanos.
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