El nuevo informe de Oxfam México, titulado “Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder”, hace un análisis de la desigualdad económica y sus causas estructurales y determina que la distribución inequitativa de recursos como el tiempo, los ingresos y el poder hace que en un mismo territorio coexistan dos Méxicos, donde el trabajo y el tiempo de uno sostiene al otro.
“El poder económico de los ultrarricos, que se refleja en el tipo de infraestructura social y productiva en la que invierten, hace que tengan –de facto– un poder de veto sobre el modelo de desarrollo de nuestro país y pone en riesgo nuestro futuro democrático”, señala Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
“En un país donde el crecimiento del capital es mayor que el de la economía, la desigualdad se convierte en una consecuencia previsible para el estado y difícil de eludir para su población. Esta concentración es producto de un modelo económico injusto en el que apenas una veintena de personas se enriquecen a costa del tiempo, el trabajo y el esfuerzo de millones”, advierte Carlos Brown, director de programas de la organización.
Defender los derechos humanos y el bienestar público exige frenar la concentración de poder económico y político y avanzar hacia una democracia económica. Para lograrlo, el informe presenta nueve propuestas para la construcción de un Estado más orientado al interés público en los hechos y con medidas que transformen, reparen y redistribuyan los recursos y el poder en el modelo económico mexicano.
Estas nueve propuestas cuestionan la lógica extractiva y concentradora de los últimos 45 años y muestran que hay formas factibles y razonables para cambiar el rumbo de la economía de forma democrática, incluso en el corto plazo, a lo largo de los próximos cinco años.
Tales propuestas no pretenden ser una lista exhaustiva, sino que cada una es un punto de partida en distintas agendas, ya sea la fiscalidad justa y progresiva, la defensoría de los derechos laborales y económicos, la infraestructura pública de cuidados, de transporte público masivo y sustentable y de electricidad, los mecanismos de decisión sobre la inversión pública y la participación social en las políticas de cuidados y de gestión del agua.
En suma, el Estado mexicano debe priorizar la inversión social y productiva para poner los derechos de las personas y comunidades en el centro. En palabras de Alexandra Haas, “transformar, reparar y redistribuir no es solo una agenda técnica sino una decisión política urgente para recuperar la economía de las manos de unos pocos y ponerla al servicio del bienestar colectivo”.
Sin democracia económica no hay democracia plena. Recuperar la economía para el interés público es indispensable para que los derechos, la representación y la participación tengan efectos reales en la vida cotidiana de las personas.
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