La defensa de la tierra en Oaxaca se ha convertido en una lucha peligrosa para los defensores de derechos y activistas, pues lo hacen sin garantías gubernamentales, con territorios militarizados y bajo las disputas del crimen organizado. Así lo señaló el activista de la organización Educa Oaxaca, Marcos Leyva, con base al desarrollo del estudio “Oaxaca 2022: reclamos de justicia y paz”, en el que se aborda la defensa del territorio y la violencia a defensores.
Destacó como ejemplo de la violencia contra estos activistas el asesinato de 22 defensores, pero, además, del contexto en que se desempeñan es complicado, pues no hay una Ley de Consulta en México y los sitios donde se pretenden desarrollar megaproyectos se ven involucrados en disputas del crimen organizado o son militarizados. Marcos Leyva puntualizó que en las comunidades oaxaqueñas donde se han desarrollado supuestas consultas indígenas, libres e informadas son limitadas, lo que ha generado una serie de denuncias de los pueblos y defensores por las diversas irregularidades que recaen en las violaciones a sus derechos humanos. Situación que se ha vivido desde hace por lo menos dos sexenios anteriores y el actual.
El estudio contempla con estas circunstancias los casos de Juchitán donde se planteaban los temas de la instalación de un parque eólico y en el valle de Ocotlán por el acceso al agua para el riego de sembradíos; valles de Ejutla y Tlacolula por las concesiones mineras y después por autoridades agrarias y población en el Istmo por la implementación del corredor interoceánico, ya que fueron procesos exprés y limitados. Crédito de la nota Yuridiana Sosa para el portal Zona Roja.
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