Frecuentemente los proyectos de movilidad realizados en el estado están construidos en base a una lógica donde el transporte automotor toma prioridad, contrario a la pirámide de la movilidad, un modelo de jerarquía urbana a nivel mundial que pone en primer lugar a los usuarios más vulnerables: peatones (incluye a personas con discapacidad o movilidad limitada) y ciclistas (movilidad no motorizada) dejando en el último peldaño a automóviles y motocicletas particulares. Cuando un proyecto avanza sin considerar este punto vital, se considera un fracaso pues deja en total vulnerabilidad a quienes se debería proteger, tal es el caso de la obra recién inaugurada por el Gobierno de Oaxaca, el distribuidor Vial de Viguera en la capital del estado.
Mientras el gobierno del estado cumple casi cuatro años sin armonizar la ley de movilidad en el estado, pese a ser un decreto nacional, y que obliga legalmente al Estado a fortalecer la seguridad vial y garantizar una movilidad accesible para todas las personas, esta obra avanzó y se consolidó en menos de un año, sin investigaciones ni estudios de bienestar social y de movilidad, sin la participación de colectivos que defienden este derecho, habitantes, vecinas y vecinos.
Desde el anuncio de la obra, integrantes del la Coalición Movilidad Segura Oaxaca llamaron al Gobierno de Oaxaca a replantear el proyecto del paso a desnivel de Viguera bajo un enfoque de derechos humanos y de sistema seguro que garantice la vida de las personas. “Hoy, más que nunca, Oaxaca necesita decisiones públicas que coloquen en el centro la vida de las personas. La movilidad no puede medirse únicamente en función de los tiempos de traslado. Reducir minutos en el trayecto no puede ser el objetivo principal cuando lo que está en juego es la vida”, destacaron en un pronunciamiento conjunto. El proyecto avanzó sin considerar estas demandas.
Es “otro puente de cinco señores” señalan usuarios y usuarias frecuentes de esta zona, un crucero pensada exclusivamente para la circulación con motor y que complica el paso y seguridad de cientos de peatones, trabajadores y personas que se mueven a través de vehículos no motorizados. Esto evidencia que una obra pensada desde el flujo vehicular no garantiza seguridad vial y, por el contrario, puede incrementar riesgos si no se integra adecuadamente al entorno urbano. 
El colectivo sostuvo que la experiencia y la evidencia internacional han demostrado de forma consistente que ampliar la capacidad vial induce más tráfico. Apostar por más carriles sin un enfoque integral no resuelve la congestión, únicamente la traslada y la agrava con el tiempo. Aunado a lo anterior resaltaron que en Oaxaca ya no caben más autos de ahí que el reto esté en la forma en la que nos trasladamos y no en la ampliación de las vialidades.
“Las ciudades que hoy son referentes en movilidad han entendido que el objetivo no es mover vehículos, sino personas. Asimismo, es imprescindible recordar que el derecho a la movilidad implica acceso seguro, equitativo e incluyente”.
La movilidad segura es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. Nadie debería perder la vida o sufrir una lesión grave por el simple hecho de caminar, pedalear o trasladarse por la ciudad. La armonización de la ley es una oportunidad histórica para poner la vida al centro de las decisiones públicas en Oaxaca, afirmaron.
La obra contempla la construcción de dos puentes elevados, cada uno con dos carriles en sentidos México–Oaxaca y Oaxaca–México, que se suman a los cuatro carriles existentes a nivel de piso, conformando un total de ocho carriles de 3.5 metros de ancho.
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