Con la firma del “Acuerdo Global Modernizado”, como se llaman hoy de manera eufemística los neoliberales Tratados de Libre Comercio, México aumentará las exportaciones de materias primas como minerales y productos agrícolas hacia la Unión Europea, mientras se espera que las empresas europeas inviertan en el país en el contexto del Plan México, mediante el cual el gobierno busca atraer inversiones privadas en sectores como infraestructura, energía o la farmacéutica.
En contraste con las altas expectativas del gobierno mexicano, voces críticas –especialmente del lado europeo– denuncian los aspectos controversiales del acuerdo que se negoció durante nueve años (de 2016 a 2025) y que firmaron en la Ciudad de México el 22 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, del partido neoliberal y conservador Unión Demócrata Cristiana.
El nuevo tratado entre México y la Unión Europea fortalece mecanismos para proteger inversiones extranjeras, particularmente en sectores estratégicos como energía, minería y materias primas críticas para la llamada transición verde. “Estos mecanismos permiten que empresas europeas demanden al Estado mexicano ante tribunales internacionales si consideran que nuevas leyes o decisiones públicas afectan sus inversiones o ganancias esperadas. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si México endurece normas ambientales, limita proyectos mineros, protege territorios indígenas o modifica reglas energéticas, aunque es justo señalar que el tratado reconoce formalmente la soberanía energética y el derecho del Estado mexicano a legislar en esta materia”, advierte Raúl Benet, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
El biólogo recuerda que las empresas europeas no llegan como portadoras de estándares ambientales avanzados, más bien “participan en dinámicas extractivas, energéticas, industriales, inmobiliarias y turísticas que generan conflictos territoriales”. Sentencia que la gran paradoja es que un acuerdo presentado como “verde” podría terminar “impulsando una nueva ola de extractivismo en territorios mexicanos bajo el discurso de la descarbonización”.
Los últimos ejemplos de este extractivismo pintado de verde son la construcción de la planta de amoníaco más grande de Latinoamérica en territorio indígena en Sinaloa, de la empresa suiza-alemana Proman y con la inversión del banco alemán KfW IPEX. Mientras que en Michoacán, representantes de comunidades acusan a la minera Ternium, con sede central en Luxemburgo, de estar involucrada en desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia.
Por su parte, Manuel Pérez Rocha, investigador en el Institute for Policy Studies, con base en Washington, considera que “hay una muy fuerte asimetría” entre ganadores y perdedores de estos acuerdos de libre comercio. “Y no es que sea un país u otro país: los que ganan son las grandes corporaciones que son las que exportan e importan, no creo que le convenga al campesino –precisa. Considera que en el caso de las empresas europeas, el principal interés es establecerse en México como plataforma de exportación hacia Estados Unidos.
El tema más preocupante para México, resalta Pérez Rocha, son “las muchas demandas de empresas extranjeras, con pagos pendientes de miles de millones de dólares”. Deplora que “se puso de moda decir que se necesita dar certeza jurídica para recibir inversiones, pero la certeza jurídica debería ser para el Estado y para las comunidades”.
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