El Juzgado Segundo de Distrito frenó el megaproyecto emblemático del gobierno de Salomón Jara Cruz, al conceder la suspensión provisional derivada de un amparo que interpuso el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente porque la presa Mujer Solteca incumple con la normatividad ambiental y está marcada por la opacidad.
El Observatorio obtuvo la suspensión provisional contra la presa Mujer Solteca el pasado 12 de junio, lo que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y no promover mecanismos efectivos de participación pública.
Con ese mandato judicial, el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz está obligado a detener el desarrollo de la presa Mujer Solteca, un megaproyecto que tendría un sobrecosto que alcanzaría los 30 mil millones de pesos y que avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica.
Aunque el Gobierno Federal anunció una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción, los propios documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028.
Las 28 organizaciones que integran el observatorio mencionaron que esta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni siquiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno.
Pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento —equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24.7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico— la propia Ficha de Valoración Estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación.
Aunado a ello, las MIA correspondientes al acueducto y a la planta potabilizadora continúan en elaboración, en tanto que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30%.
Consideran que la falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso.
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