¿La tercera es la vencida? Tras rebautizar el mismo proyecto tres veces, la presa “Paso Ancho”, renombrada “Margarita Maza” y ahora llamada “Mujer Solteca”, se licitó su construcción: GAMI Ingeniería e Instalaciones de Manuel Muñoz Cano, y DYCUSA Desarrollo y Construcciones Urbanas de Javier Balli Martínez ganaron el multimillonario contrato para su construcción, según el fallo de Conagua emitido el 1 de junio.
GAMI, que forma parte del Grupo INDI, fue la encargada de construir la nueva sede del Senado de la República. En Oaxaca, esta empresa construyó el nuevo rompeolas en el Puerto de Salina Cruz, parte del Corredor Transístmico. Mathieu Tourliere, en su reportaje para Proceso titulado “Los consentidos de AMLO amasaron multimillonarios contratos”, afirma que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Grupo INDI “estuvo presente en contratos de por lo menos 92 mil millones de pesos, sin incluir el contrato multimillonario de la Línea K del Tren Transístmico”. En comparación, el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el año 2024 fue de 99 mil millones de pesos. Por su parte, DYCUSA ha participado en proyectos como la presa Rompepicos, el acueducto El Cuchillo II y la presa Libertad.
Al respecto de la licitación de la presa para GAMI por $2 mil 908 MDP, el periodista Antonio Carrera comenta que, según el documento del fallo, GAMI no presentó la oferta más baja, al contrario, de las nueve propuestas recibidas por Conagua, fue la octava más cara, y advierte que la “cercanía con el poder” despierta alarmas: “Para un movimiento que prometió desterrar el favoritismo empresarial de los regímenes del pasado, la dependencia hacia el consorcio dirigido por Guillermo Manuel Muñoz Cano Castro resulta, por decir lo menos, paradójica. GAMI no es un contratista más; es el constructor de cabecera de la llamada Cuarta Transformación”.
Por su parte, la periodista Rocío Flores apunta que GAMI recibió durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo la contratación de la obra “Transporte Moderno y Sustentable” por un monto de 509 millones de pesos. Este contrato está vinculado a un proceso penal por presunto peculado y ejercicio ilícito contra exfuncionarios de esa Secretaría, quienes presuntamente autorizaron los pagos a favor de esta empresa por una obra del proyecto «Citybus» que no fue concluida.
Desde el gobierno de Ulises Ruiz se impulsó este proyecto de almacenamiento hídrico en la región de Sola de Vega, Sierra Sur, que contempla un acueducto de más de 100 km para llevar agua a la capital oaxaqueña. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA) ha advertido opacidad y exigido a las autoridades ambientales negar los permisos para la construcción de la presa. Las 28 organizaciones del observatorio temen que el proyecto replique impactos negativos de obras anteriores, señalando irregularidades en la MIA, posibles daños ambientales e incumplimientos que afectan a las comunidades locales.
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