A pasos acelerados, México se convierte en un país cada vez más “hostil para la sociedad civil”. El informe sobre México, del Sistema de la Unión Europea de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE), ofrece un retrato del país inquietante, con un Estado que disuelve instituciones de control, que concentra información ciudadana y que amplía la vigilancia digital y margina a activistas, periodistas y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el “Informe Enfoque País” (CFR por sus siglas en inglés), la sociedad civil mexicana enfrenta uno de los periodos más “oscuros” desde la transición democrática. Esa reciente radiografía –publicada en septiembre último– describe un entorno “restringido, vigilado y hostil” para el ejercicio de derechos básicos como la libertad de asociación, de expresión y protesta y la participación ciudadana.
El documento de 17 páginas, construido a partir de diagnósticos de organizaciones, académicos y defensores de los derechos humanos, no deja lugar a dudas: el “ambiente habilitante”, que se describe como “el conjunto de leyes, normas y actitudes sociales que apoyan y fomentan la labor de la sociedad civil“, se quiebra en México.
A ese diagnóstico se llegó durante un panel de expertos realizado en abril último en México, al que no se invitó a “representantes gubernamentales” por falta de una “relación clara y abierta”, explica en entrevista el coordinador del proyecto en el país y colaborador de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Daniel Revilla.
Los seis principios evaluados por el informe (libertades fundamentales, marco legal, acceso a recursos, apertura estatal, cultura pública y discursos favorables, y entorno digital) obtuvieron calificaciones inferiores a tres en una escala de cinco. El documento advierte que México vive “una erosión sostenida del espacio cívico”, producto de un modelo político que concentra el poder, margina la crítica y redefine la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
El principio “clave” es el de “Estado abierto y receptivo”, refiere Revilla: “si éste se mueve en una dirección contraria a los intereses de una vida democrática, contagia a los demás”. El investigador proyecta un “panorama oscuro” si al termino del proyecto de monitoreo, que durará los próximos seis años, el gobierno mexicano no toma medidas para que mejore ese “entorno habilitante”. El escenario más pesimista en este caso, analiza Revilla, sería la desaparición de “una era de la sociedad civil organizada en México” y la emergencia de otra donde sólo sobrevivan las organizaciones afines a la agenda del gobierno y las de servicios asistenciales.
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