La asociación civil México Negro interpuso un amparo contra la “omisión absoluta y discriminatoria” y deficiencias en el proceso de consulta pública sobre la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el gobierno federal.
“Nuestra dignidad no se consulta a medias. La deuda histórica con los Pueblos y Comunidades Afromexicanas exige verdaderos procesos de justicia restaurativa, garantizando la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado”, destacó.
La organización señaló tres puntos contra el proceso de consulta pública sobre la iniciativa, que incluyen la exclusión territorial absoluta en Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas; deficiencias en 23 estados a través de “procesos simulados, sin pertinencia cultural, sin ajustes razonables ni una perspectiva interseccional que reconozca las realidades de vulnerabilidad”; así como la violación sistémica de tratados internacionales.
Para sumar al recurso legal interpuesto ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, México Negro lanzó una convocatoria nacional e internacional de Amicus Curiae para respaldar técnicamente el litigio ante el Poder Judicial de la Federación.
México Negro es una asociación pionera fundada en 1997 en la Costa Chica (Guerrero y Oaxaca) para visibilizar y defender los derechos de las comunidades afrodescendientes en México. Su fundador y representante Sergio Peñaloza actualmente es diputado federal plurinominal por el partido Morena.
Con la nueva ley se busca reglamentar la reforma constitucional de 2024. Conforme avanza la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre la propuesta gubernamental para reglamentar sus derechos, aumentan los desacuerdos con ella. Sin embargo, tras una consulta exprés a 16 mil comunidades, se prevé la entrega formal de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.
Diversas asambleas expresan inquietudes sobre la protección real de los recursos naturales, el territorio y el patrimonio cultural. El descontento “se ha mostrado en declaraciones públicas surgidas de asambleas comunitarias y regionales, documentos entregados en los foros de análisis a los funcionarios responsables de ellos, en la suspensión de las asambleas o su renuencia a participar en ellas y hasta en amparos y juicios para la protección de los derechos ciudadanos”, afirma Francisco López Bárcenas en su columna de hoy.
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