El proceso de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos comenzó entre protestas y rechazo por parte de diversas comunidades, que reclaman que el proceso impulsado por el gobierno federal se caracteriza por la falta de un diálogo genuino, limitándose a una entrega exprés de documentos que impide un análisis profundo y razonado de la normativa.
“Los plazos establecidos no respetan los tiempos y formas de deliberación de los pueblos y barrios originarios. En cambio, parecen responder a los tiempos políticos, legislativos y mediáticos del Estado”, señalaron integrantes de comunidades de la Ciudad de México, que este domingo protestaron contra la realización de una de las 82 asambleas para la consulta convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; un ejercicio que “entendemos como una intromisión en nuestras formas de organización y toma de decisiones”.
En el caso de la Ciudad de México, las personas inconformes subrayaron que hay cerca de 200 pueblos y barrios originarios, de los cuales sólo 53 están reconocidos por el INPI, con lo que el resto no podrá participar en la “asamblea regional de consulta”.
“El INPI se está extralimitando en sus competencias, no es una autoridad integrada ni representativa de los pueblos indígenas u originarios, ya que solo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, por lo que NO ES LA INSTITUCIÓN que pueda determinar cuándo, cómo y dónde se pueda realizar la consulta”, señala un posicionamiento que suscriben “Representaciones, pueblos, barrios, organizaciones y colectivos de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México”.
En consecuencia, este domingo, pobladores de Villa Milpa Alta bloquearon el acceso al Foro Calmécac, para impedir el evento oficial en el que se discutiría el tema.
En otras regiones del país hay otros pueblos —como los wixárika, naayerij, o’dam y meshikan de la Sierra Madre Occidental— que rechazan el proceso de consulta el cual, de acuerdo con el INPI, se hará a través de 82 asambleas para recoger el sentir de más de 16 mil comunidades o localidades registradas institucionalmente con población indígena y afromexicana.
Por su parte, el titular del INPI, Adelfo Regino, afirmó que el proceso de consulta busca dejar atrás la manera tradicional de elaborar las leyes desde oficinas, despachos de abogados o grupos de especialistas. Durante la segunda jornada de Asambleas Regionales, el funcionario adelantó que la propuesta de iniciativa será fortalecida para presentarse el 12 de octubre ante el Congreso de la Unión.
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