“Ejercer el periodismo y defender la libertad de expresión en México es sinónimo de muerte, desapariciones, agresiones e impunidad”. En el Informe de Derechos Humanos 2018-2023, presentado por organizaciones civiles, se señala que Oaxaca es la quinta entidad del país con más asesinatos de periodistas.
A su vez, de 2019 a 2022, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició 76 indagatorias relacionadas con agresiones a periodistas. Las autoridades más señaladas son los Ayuntamientos, la fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública. Las agresiones más recurrentes son amenazas, impedir el ejercicio periodístico, hostigamiento, agresiones físicas, obstaculizar el acceso a la información y allanamientos.
Por otra parte, la fiscalía General del Estado de Oaxaca inició 184 carpetas de investigación de 2018 a abril 2023, por delitos cometidos contra periodistas en la entidad: 64 por amenazas, 32 por delitos contra libertad de expresión, 13 por robo, cinco por despojo, cuatro por abuso de autoridad, cuatro por daños y tres por desaparición de personas. No existe información sobre avances en estas investigaciones.
Cabe señalar la particular vulnerabilidad de periodistas que laboran en contextos comunitarios. La impunidad es el mayor agravio del Estado, como lo ejemplifica el caso de Heber López Osorio, a 17 meses de su asesinato y a pesar de estar identificados probables responsables, el proceso sigue sin concluirse, incrementando el riesgo para la familia que exige justicia y ha tenido que desplazarse.
No menos grave es la estigmatización del Estado contra periodistas a través de espacios oficiales de difusión, documentada de manera más sistemática a partir del inicio de la nueva administración pública en Oaxaca. Finamente, las personas periodistas de Oaxaca enfrentan la precarización salarial y la falta de acceso a mínimos derechos laborales y sociales, situación agudizada por la crisis derivada de la pandemia.
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