Saúl Rosales Meléndez y Raymundo Cahuantzi Meléndez, defensores nahuas del volcán Matlalcuéyetl, llevan mas de un año y medio encarcelados injustamente, en los próximos días el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, resolverá el caso mediante una sentencia en la que tiene la oportunidad de devolverles su libertad, por lo que mas de 170 organizaciones, activistas y defensores de derechos humanos exigen su libertad inmediata.
Desde su detención el pasado 14 de julio de 2022 por un delito que no cometieron, familiares y personas de su comunidad -el pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Santa Ana Chiautempan-, “han denunciado su injusto encarcelamiento y las irregularidades cometidas durante su proceso penal, como los siete meses que ha durado solamente su audiencia de juicio oral, en los cuales han permanecido internos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tlaxcala, lejos de sus familias y su comunidad” señaló en su boletín la Red TDT.
Ambos defensores participaban en la lucha contra la tala clandestina y el saqueo de la diversidad de flora, fauna y funga en la Matlalcuéyetl, también conocida como La Malinche, que beneficia a un puñado de empresarios, criminales, gobernantes y políticos en la entidad, dicho volcán es considerado fuente de vida, de alimento y protección para los pueblos tlaxcaltecas que viven en las faldas del volcán. Sin embargo las organizaciones firmantes aseguraron que la tala clandestina, liderada por empresarios, criminales, gobernantes y políticos está originando la destrucción de su hábitat, y que las autoridades de todos los gobiernos a encubierto estos hechos, utilizando su poder para atacar a los guardianes del volcán.
Añadieron que el proceso contra Rosales y Cahuantzi, acusados de asesinato por un linchamiento en el que no participaron, “ha estado plagado de irregularidades”, pues no existen pruebas de que alguno de los dos hubiera cometido el crimen.
“La injusta prisión de Saúl y Raymundo atenta contra los derechos de los pueblos a defender su territorio y existencia y constituye, de facto, un respaldo tácito a que los verdaderos criminales, talamontes y saqueadores del bosque sigan atentando contra lo común” y recordaron que el gobierno de Tlaxcala “tiene un historial de irregularidades y crímenes en contra de la organización popular”.
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