El jueves pasado, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaron en Tenejapa, ante unas tres mil personas provenientes de comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. El asunto central de esta primera sesión “en territorio” fue la revisión de un amparo promovido por la comunidad tsotsil La Candelaria, ejido de San Cristóbal de las Casas, en el que piden ordenar al Congreso local legislar y reconocer formalmente su autogobierno.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf amparaba a La Candelaria, pero aclaró que “no implica la creación de un ‘cuarto nivel de gobierno’ ni altera el diseño federal o municipal”. El decreto fue aprobado por la SCJN con la mayoría de votos y mandata al Congreso de Chiapas que en un plazo de 180 días el Congreso estatal legisle sobre la libre determinación de los pueblos originarios y para que en um plazo de 90 días legislen para que se les otorguen las condiciones materiales para el ejercicio de su autogobierno.
Por su parte, Agustín Díaz, representante de la comunidad Candelaria, dijo que su ejido ha practicado la autonomía “desde antes que yo naciera”, pero que es importante el reconocimiento institucional para que se les otorguen recursos y jurisdicción. Cabe señalar que las solicitudes por el reconocimiento de autogobiernos comunitarios se han dado a nivel de municipios, no así para ejidos o comunidades. En Chiapas sólo al municipio de Oxuch se le ha reconocido este derecho, mientras que los zapatistas están ejerciendo su autonomía “de facto” desde hace varias décadas.
En esta lucha jurídica, la comunidad de La Candelaria fue acompañada por el Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan apoyó las exigencias de la comunidad con un un amicus curiae en el cual argumentó que “el cuarto orden de gobierno constituye una forma de organización política y administrativa legitima y válida”, con experiencias como San Francisco Pichátaro o Cherán. En palabras del Tlachinollan, la resolución de la SCJN “es el preludio de un nuevo amanecer para las comunidades olvidadas”.
Cabe mencionar que la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que estableció que México es un país pluricultural y reconoció a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Según el decreto el Congreso contaba con 180 días para crear o armonizar las leyes necesarias con la reforma constitucional. Este plazo venció el 19 marzo de 2025 y a casi un año de esto, las leyes secundarias siguen pendientes, muestra del nulo interés de los partidos políticos en cumplir su palabra.
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