La Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Indigenous Peoples Rights-International (IPRI) alertó que la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos “deliberadamente deja fuera elementos fundamentales, como el derecho al territorio”, cuando debería garantizar los “derechos colectivos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a mantener sus instituciones y sistemas de justicia, de seguridad y sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, entre otros”.
En su pronunciamiento, el IPRI recordó que la propuesta que se presentó al pleno de la Cámara de Diputados “no es la iniciativa que resultó del proceso de foros organizados por el INPI y que se entregó al presidente de la República el 28 de septiembre de 2021”, en la que se incluía la reforma a 15 artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 27.
“Lo que se presentará al pleno es una propuesta reducida, un texto que sólo modifica el artículo segundo constitucional, que efectivamente reconoce a los Pueblos Indígenas como Sujeto de Derecho Público, pero que deliberadamente deja fuera elementos fundamentales como el derecho al territorio de los pueblos indígenas”, destacaron las organizaciones.
“Sabemos que aquellas cosas que ya están establecidas en el derecho internacional son un derecho ganado con rango constitucional, ante ello exigimos que esos componentes sean integrados en su totalidad como parte de la Reforma. […] Por ello es importante decir que esos derechos ya son derechos ganados y no han sido el resultado de la buena voluntad de los Estados: son el fruto de siglos de lucha”, concluyó el Grupo Núcleo del IPRI en México, conformado por 10 organizaciones en 8 estados, entre ellas Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA.
Cabe recordar que además, en abril de 2024 diputados morenistas propusieron una contrarreforma agraria al Artículo 27, que “impone a la propiedad social de los ejidos y comunidades las modalidades que dicte el interés público”, y que en los hechos anularía “toda capacidad de convertir a los pueblos y comunidades indígenas en sujetos de derecho público”, sentenciaron organizaciones de Oaxaca en un foro la semana pasada.
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